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Quince ediles suscribieron recurso de apelación por transacciones de la IDM por predio en Eden Rock

Por:   /  11 agosto, 2017  /  Sin comentarios

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Amparados en el artículo 303 de la Constitución de la República, los dos ediles de la bancada del Partido Colorado y los 13 del Frente Amplio en la Junta Departamental presentaron un recurso de apelación contra la resolución 03843/2017 de la comuna de Maldonado. A juicio de los ediles, esa determinación es ilegal por cuanto se ha detenido un litigio judicial muy similar a todos los que la IDM ha ganado en los últimos diez años sin cumplir con todas las nomas vigentes. El Ejecutivo departamental no tiene potestades para hacer por su cuenta lo que debe ser aprobado por un fiscal y la propia Junta Departamental, señalaron.

El art. 303 de la Carta Magna establece que los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal que se consideren “contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, serán apelables para ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de su promulgación, por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el departamento”. La resolución impugnada, que lleva el número 03843/2017, fue adoptada para detener un juicio que la comuna iba camino a ganar como muchas otras similares iniciadas por particulares que pretendían apropiarse de una faja de playa.

El escrito indica que esa resolución fue dictada aparentemente el día 2 de junio de 2017 en el expediente 2009-88-01-02276. “Sin embargo la misma recién fue publicada esta semana en la página web de la Intendencia. (Se acompaña testimonio de acta notarial de constatación que acredita que hasta el día jueves 3 de agosto no lo había sido). No solo no estaba en la página web, sino que ni siquiera había sido agregada copia al expediente judicial donde se la menciona como fundamento del desistimiento, refiriéndose la propia Intendencia y el actor a ella como ‘la resolución de fecha 2 de junio”, sin tampoco mencionar su número. Se trata del expediente IUE 289-43/2011 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 5° turno”, señaló.

Subrepticio

Los ediles explicaron que “recién fue tomado conocimiento extraoficial de su número y texto el día 1° de agosto. Por lo que si bien el plazo constitucional aún no había empezado a correr en virtud de su falta publicación y de notificación al M.E.F., (parte también del juicio señalado), en el mejor de los casos solo pudo empezar a correr desde que fuera hecha pública en la Junta Departamental de Maldonado, como fue dicho, el 1° de agosto de 2017·.

El escrito aclara además que ese acto de la comuna no es susceptible de impugnación ante el T.C.A. y destacó que para poner fin a un pleito judicial la medida “debió ser un acto complejo”, es decir que debió haber sido aprobado por el legislativo y ponerse en conocimiento de un fiscal y esperar su pronunciamiento.

El art. 35 nal 11) de la ley 9.515 señala que para “transigir, (poner fin a un litigio mediante transacción), son necesarios el previo dictamen del Fiscal letrado Departamental y la autorización de la Junta Departamental”, pero estos requisitos fueron omitidos. “Sin embargo, este acto se está haciendo valer ante un Juzgado Letrado para provocar daños irreversibles al patrimonio nacional y departamental”, dijeron los curules. Asimismo, estimaron que últimamente “se ha convertido en una práctica o política de la Intendencia de Maldonado ignorar la existencia del numeral 11) del artículo 35 de la ley 9.515 de los Gobiernos Departamentales, por lo cual se pretende dictar dichos actos complejos como si no lo fueran, constituyendo una forma de gobernar que omite requerir las autorizaciones y aprobaciones legales imprescindibles, como lo ha señalado por lo menos en un par de oportunidades el Tribunal de Cuentas de la República”. La 9.515 es la Ley Orgánica Municipal.

“Siendo una forma de gobernar que ignora requisitos legales para la completa formación de ciertos actos administrativos, o son actos de gobierno o son actos que igualmente no pueden impugnarse ante el TCA por no ser definitivos al no haberse completado o perfeccionado los mismos. No es una simple omisión. A estos verdaderos actos de transacción provocados por una petición de un particular, se les llama “actos unilaterales de la Intendencia a los que el particular adhiere”, categoría que hasta ahora ni la jurisprudencia ni la doctrina nacional conocían, y que en realidad se trata de negocios bilaterales que se pretenden ocultar a los órganos que deben aprobarlos o autorizarlos: Fiscalía Letrada Departamental y Junta Departamental”, dice el escrito.

Normas violadas

Además de haber violado el tal art. 35 nal. 11) de la ley 9.515, también “con respecto al fondo del asunto, se viola el art. 13 nal. 3° de la ley 10.723 de Centros poblados, modificada inicialmente por el art. 1° de la ley 10.866 de 25/10/1946 y finalmente por el art. 83 num. 1) lit. g) de la ley 18.308 de Ordenamiento Territorial de 18/06/2008”.

Esa norma prevé: “Tampoco podrá situarse ningún predio en los casos de contigüidad a los cauces del dominio público, dentro de las tierras abarcadas por una faja costera de 150 metros de ancho por lo menos, medida según lo dispone el Código de Aguas, a partir de la línea de ribera”.

Además indica que en todo fraccionamiento de predios costeros, “la faja de 150 (ciento cincuenta) metros determinada a partir de la línea superior de la ribera pasará de pleno derecho al dominio público. No se podrá admitir excepción alguna a lo previsto en el presente artículo. “Igual concepto aparece en el artículo 503 de la ley 19.355”.

“Pues bien, como se expondrá en el capítulo de “Hechos”, la Intendencia de Maldonado, pretende poner fin a un pleito iniciado por un particular que, sin título, reclama derechos de propiedad o posesión sobre la faja costera, reconociéndole dicho derecho anticipándose a la declaración del Poder Judicial, en clara violación a las leyes de Centros poblados y Ordenamiento territorial”, afirman los legisladores.

Los hechos y la historia

El escrito cuenta que “según se relata en la propia resolución atacada, el 26 mayo de 2005 un particular solicitó permiso para construir ocho (8) viviendas en padrones que alegaba serían de su propiedad, y que, como se verá, estaban en la faja costera de 150 metros de protección. Se informó, entre otras cosas, que la Intendencia no emitía planillas de contribución inmobiliaria desde el año 1995 (gobierno del intendente Domingo Burgueño) para los padrones donde se pretendían construir las ocho viviendas por estar en la playa. El 5 de julio de 2005 se resolvió que si se adecuaba a las normas legales y se demostraba la propiedad se podría acceder a lo solicitado y además cobrarse contribución. Se informó luego que no estaban agregados los títulos de propiedad y que el lugar donde se pretendía construir era la faja costera de 150 metros de protección. Por lo anterior, en el año 2011 el supuesto propietario de los padrones inició juicio ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 5° turno, para que se declarara su propiedad y se le emitiera contribución inmobiliaria, según surge de la propia carátula del expediente 289-43/2011. El 5 de agosto de 2015, sin perjuicio del pleito pendiente ante el Poder judicial, el gestionante solicitó nuevamente ante la Administración que se le expidiera planilla de contribución inmobiliaria y agregó una consulta de un escribano por la cual los padrones en cuestión serían de su propiedad”, relata el escrito.

“El 23/12/2015 el director general de Hacienda [nota: Luis Eduardo Pereira] (que no es escribano ni abogado) dictamina que se encuentra acreditada la propiedad y que por no cobrarse la contribución inmobiliaria la Intendencia estaría sufriendo daño patrimonial, que podría aparejar responsabilidad patrimonial de los funcionarios intervinientes. El día 29/12/2015 la Directora general de jurídica solicita que los antecedentes pasen a la secretaría general, compartiendo con el director de Hacienda que los funcionarios públicos tienen responsabilidad patrimonial pero también recuerda que también tienen responsabilidad penal en caso de actuar dolosamente o en conjunción con intereses privados. El 12 de enero de 2016 agrega a los antecedentes sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que falló en favor de la Intendencia en cuanto a la legalidad de la resolución de 1995 que dispuso no cobrar la contribución inmobiliaria. Sin embargo, un año después, el 3/4/2017 la Directora General de Jurídica afirma que la resolución que ella misma señalara que estaba confirmada en su legalidad por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no era de aplicación en virtud de la existencia de la resolución de 5 de julio de 2005, que dispondría acceder a lo solicitado si se consideraba acreditada la propiedad, lo cual se habría hecho por informe del subdirector de la Asesoría Notarial. Por lo que se podría acceder a la solicitud de agosto de 2015 emitiéndose planilla de contribución inmobiliaria bajo la condición de que el gestionante desistiere de todos los juicios iniciados contra la intendencia. Aclara que en su opinión, darle la razón al gestionante a cambio de que desistiera del juicio iniciado en 2011 y que se encontraba suspendido de común acuerdo mientras las partes buscaban una solución, no era una transacción, por lo cual no debe someterse a la Junta Departamental ni al Fiscal Letrado”.

Unilateral

El escrito añade que “el prosecretario solicita se aclare este último punto y se reitera que no se trataría de una transacción sino “cumplimiento de resoluciones”, mediante el dictado de un acto unilateral “evidentemente”, condicionado a la no prosecución de reclamaciones. Si esto no es un negocio bilateral, nunca habría uno, dado que el Código Civil muy claramente aclara que todos los contratos son acuerdos de voluntades en que las respectivas voluntades unilaterales coinciden, arts. 1262 a 1267: “del consentimiento”. Dos voluntades unilaterales forman un contrato. En base a lo cual se dictó la resolución atacada y en escrito conjunto el particular desistió del juicio lo cual fue aceptado por la Intendencia. Con una voluntad manifiesta de ocultar esta supuesta “no transacción” dado que en el escrito no se estampa el número de resolución ni se agrega copia de su contenido al expediente judicial ni se publica la resolución en modo alguno, hasta esta semana. Transacción que en principio podría ser aprobada con los 16 ediles que la constitución asigna al partido de gobierno. Pero tal vez la razón del ocultamiento de la resolución atacada es que los ediles deberían dar su consentimiento para violar leyes de orden público, como lo son las leyes de Centros poblados y de Ordenamiento Territorial. (Una ley es de orden público cuando los particulares no pueden hacer acuerdos desconociendo sus términos, como puede hacerse en los negocios privados)”.

Según los ediles, “así está someramente expuesta la clara voluntad de la Intendencia de Maldonado de evitar los controles legales de sus actos (Junta Departamental y Fiscal Letrado Departamental que debe aprobar o autorizar las transacciones, Juez Letrado que debe analizar si no hay normas de orden público violentadas, organismos encargados de la protección del medio ambiente, etc.).

“La intendencia reconoce derechos de propiedad en playas sin que exista título: por eso es que se promovió una ‘acción declarativa’ judicialmente. Y además, por las dudas que haya de iniciarse una prescripción, se permite el pago de contribución inmobiliaria sobre esos predios. Como puede verse, un acto manifiestamente ilegal. Sinceramente, no es común ver particulares iniciando juicios contra el estado exigiendo les cobren impuestos que el estado no quiere cobrar”.

Gananciosa

Los ediles consideraron que no estaba de más “señalar que, desde 1995 a la fecha, en todos los pleitos que se han presentado ante la Justicia Administrativa (TCA), o Civil, por el mismo motivo, -particulares que pretenden ejercer actos de dominio sobre playas-, la Intendencia sin excepción alguna ha salido gananciosa”.

Así la sentencia N° 923/97 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictada en los autos caratulados “Fajer S.A. c/ Intendencia Municipal de Maldonado, ficha 141/95, única parte que impugnó la resolución de 1995 que dispuso se dejara de emitir planilla de contribución inmobiliaria; las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en el expediente 290-172/2010 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 6° turno y en el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2° turno; la sentencia de primera instancia en el expediente 291-78/2011 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Maldonado de 5° turno: el mismo juzgado donde se estaba tramitando el expediente al cual se puso fin por la transacción que no se somete ni al Fiscal Letrado ni a la Junta Departamental. La sentencia de segunda instancia del expediente 290-172/2010, entre otras cosas señala: “el bien referido es de dominio público por pertenecer al límite interno del mar…” art. 478 del Código Civil. Y conforme Rial, las riberas marítimas siempre pertenecieron al dominio público, tanto por las leyes de Partidas como después por el Código Civil”. “…las enajenaciones de tierras linderas al mar – océano no comprenden las costas o zonas marítimo terrestres y no sería válida su enajenación aún cuando se hubieran incluido en la escritura respectiva…”

“Se comparte en este orden lo afirmado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6° turno…en un caso de similares características, sentencia 137/2013”.

Sigue y se afirma: “como ha expresado la Suprema Corte de Justicia… no era posible jurídicamente (enajenar) cualquier trozo de costa o ribera … estaban fuera de las potestades dispositivas de quienes ejercieran cualesquiera cargos gubernamentales, sea cual fuere la jerarquía emergente de su investidura, dado que estaban sujetos a la normativa imperante….Y cuando por excepción se enajenó parte alguna, fue necesaria la sanción de ley especial al respecto. Sentencia 742/2014.

Y en una de sus últimas frases señala, “no se pueden invocar derechos adquiridos en contra de la legalidad…”

Nunca visto

Y sin embargo, en contra de todas las leyes que han regido y rigen la materia en nuestro país, contra todas estas sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de los Juzgados Letrados de Maldonado, de dos Tribunales de Apelaciones en lo Civil, de la Suprema Corte de Justicia, en sentencias no más antiguas a 2013, la Intendencia de Maldonado reconoce derechos sobre la faja de protección marítima de 150 metros (las playas), sin informar de dicho reconocimiento al Juzgado Letrado de Primera Instancia que estaba resolviendo el asunto, ni al Fiscal Letrado Departamental ni a la Junta Departamental. ¡¡¡Una semana después de ganar la segunda instancia como ya lo había hecho en la primera en el expediente 290-172/2010 la Intendencia suspende los plazos junto con su contraparte para negociar!!! ¿Negociar qué sobre bienes de dominio público con dos sentencias favorables y donde es harto discutible que proceda casación?”, preguntaron los ediles.

Los legisladores remitieron a la Cámara Baja el “testimonio del acta notarial que acredita la no publicación de la resolución impugnada hasta el día 3 de agosto en la página web de la intendencia de Maldonado” y la “fotocopia de la sentencia de segunda instancia dictada el 14 de junio por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2° turno en el expediente 290-172/2010”.

También los pedidos de informes conforme al art 5° de la ley 18.045. Se requiera la remisión de testimonio a) del expediente electrónico 2009-88-01-02276 de la Intendencia Departamental de Maldonado, en el cual fue dictada la resolución que se impugna. b) del expediente electrónico 2009-88-01-02211 de la Intendencia Departamental de Maldonado, al cual se encuentran agregados los expedientes 6393/91, 3205/93, 3205/2/93 y 3205/4/93, donde se encuentra el estudio de dominialidad efectuado por la prematuramente fallecida ex Directora de Jurídica, Dra. Bethel Rodríguez, la resolución de 1995 que dispuso se dejara de emitir contribución inmobiliaria por los padrones, y la copia de la sentencia del TCA que confirma la resolución. Estos dos elementos le fueron enviados por la Dirección de Jurídica a la Dirección de Hacienda como fue expuesto en (…)este escrito, pero se ve que finalmente no fueron tenidos en cuenta. También “copia de la sentencia de 14 de junio de 2017 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2° turno dictada en el expediente 290-172/2010, que por otra parte fue extraída de la propia página web del Poder Judicial”.

“Por todo lo expuesto, de la Cámara de Representante solicitamos:

1°. Que nos tenga por presentados, por constituido el domicilio y por interpuesto el recurso de apelación previsto en el art. 303 de la Constitución de la República contra la resolución 03843 de la Intendencia Departamental de Maldonado dictada en el expediente 2009-88-01-02276.

2°. Previos los trámites correspondientes, se sirva declarar la nulidad absoluta por las ilegalidades de procedimiento y de fondo expuestas de la mencionada resolución.

 

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